ARANCEL IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA - ENTREVISTA A CRISTINA MURGUEITO
Visionaria EC - Janeth Hinostroza
Entrevista a Cristina Murgueito , directora de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (ASEDIM)
Tema: Guerra comercial con Colombia: ¿los productos médicos deben quedar fuera del arancel?
3 marzo 2026
https://youtu.be/jsXp4q7Whi0?t=5505
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Esta entrevista con Cristina Murgueito, representante del sector de insumos médicos (ASEDIM), expone una situación crítica para el sistema de salud ecuatoriano tras la imposición mutua de tasas arancelarias del 50% entre Ecuador y Colombia.
A continuación, los puntos más relevantes y las consecuencias directas analizadas:
1. Dependencia Crítica de Colombia
El sector de dispositivos médicos en Ecuador es casi totalmente dependiente del exterior:
Importación masiva: El 99% de los insumos, equipos y reactivos son importados. Solo se producen localmente 43 productos de riesgo muy bajo.
Origen: El 15% de todas las importaciones del sector provienen de Colombia.
Logística: Colombia es el proveedor más viable por cercanía. Reemplazarlo por mercados como China o Europa implicaría tiempos de entrega inviables y falta de cupos de importación planificados.
2. El Sector de Diálisis: El punto más vulnerable
La consecuencia más grave se concentra en los pacientes con insuficiencia renal:
Impacto en insumos: Entre el 55% y 60% de los insumos para diálisis vienen de Colombia.
Pacientes en riesgo: 20,800 personas dependen de este tratamiento semanal. La falta de insumos o el encarecimiento extremo pone en riesgo directo sus vidas (posibilidad de paros cardíacos y fallecimiento).
Tarifa congelada: El Estado paga una tarifa de $1,450 (por 12-14 sesiones) que no ha sido revisada desde 2014, lo que hace que el incremento del 50% en costos sea financieramente insostenible para los centros.
3. Crisis Financiera y Deuda del Estado
El aumento de la tasa de seguridad se suma a un escenario de iliquidez:
Deuda acumulada: El Estado debe aproximadamente $15 millones en servicios de diálisis y $37 millones en compra de insumos (con corte a diciembre).
Falta de flujo: Las empresas no tienen liquidez para absorber el nuevo arancel y seguir abasteciendo al sistema.
Propuestas de alivio: El sector privado propone mecanismos como la compensación de deuda con el Impuesto a la Renta o con tasas de SENAE, y el pago con bonos del Estado, sin respuesta clara aún.
4. Otros Sectores Afectados mencionados
Aunque el foco fue salud, se mencionaron otros sectores en crisis por la medida:
Arroceros: Imposibilidad de exportar excedentes, perdiendo capital.
Industria automotriz (Llantas): Problemas de costos sumados a conflictos sindicales.
Producción Nacional: Incluso lo que se fabrica en Ecuador se encarece, ya que materias primas como la tela SMS (para insumos médicos) provienen de Colombia.
5. El Dilema: Seguridad vs. Salud
La entrevista destaca una tensión entre la estrategia política y la realidad humanitaria:
Postura del Gobierno: Se interpreta que la tasa es una medida de presión para que Colombia movilice a sus Fuerzas Armadas y colabore en seguridad fronteriza.
Argumento del Sector Salud: Aunque la seguridad es prioridad, no se puede sacrificar la vida de los pacientes. Se solicita una exención específica para productos de salud si la tasa general no se retira.
Plazos: El sector estima una ventana de 10 días para ver resultados en las negociaciones diplomáticas antes de que el desabastecimiento sea crítico.
Cristina Murgueiti fue bastante crítica con el Catálogo Electrónico y las subastas inversas, señalando que son herramientas que, aunque buscan transparencia, en la práctica están asfixiando al sistema de salud.
Aquí te detallo los cuatro argumentos principales que explicó sobre por qué este modelo está fallando:
1. Estudios de Mercado Incorrectos
Murgueitio sostiene que los precios referenciales que establece el Estado en el catálogo no reflejan la realidad económica actual.
El desfase: Los estudios de mercado suelen basarse en precios históricos o en condiciones de mercado que ya no existen (especialmente tras el incremento del 50% de la tasa arancelaria).
Consecuencia: Se lanzan procesos con precios tan bajos que ninguna empresa puede cubrirlos sin ir a pérdida, lo que provoca que los procesos de compra se declaren desiertos.
2. El Error de "Mejor Valor por Dinero" vs. "Precio más Bajo"
La representante de ACEDIM enfatizó que en salud no se puede comprar como si se compraran suministros de oficina.
Precio vs. Calidad: El sistema actual prioriza casi exclusivamente el precio más bajo. Ella propone migrar al concepto de "Salud Basada en Valor".
El argumento: Un insumo más barato pero de menor calidad puede generar complicaciones médicas, estancias hospitalarias más largas o reintervenciones, lo que termina costándole mucho más al Estado que haber comprado un insumo de calidad superior desde el inicio.
3. Plazos de Entrega Imposibles
El catálogo electrónico y las compras centralizadas están exigiendo tiempos de respuesta que ignoran la logística internacional.
La exigencia: El Estado solicita entregas en 15 días (o incluso de 7 a 10 días en procesos de emergencia).
La realidad: Como el 99% de los insumos son importados, traerlos desde Colombia, China o Europa requiere planificación, fabricación y tránsito internacional que toma meses. Pedir entregas inmediatas causa que los proveedores serios no participen por temor a ser sancionados como "proveedores incumplidos".
4. Falta de Planificación y "Chanchullos"
Murgueitio respondió directamente a las críticas oficiales (mencionando al exdirector del SERCOP, el Sr. Neira) sobre que el sector privado se opone al catálogo para mantener "negocios oscuros".
Su defensa: El sector no se opone a la digitalización o al catálogo per se, sino a su mala implementación.
El círculo vicioso: Señaló que se llevan 20 años haciendo subastas bajo el mismo modelo y el resultado sigue siendo el desabastecimiento. Su pregunta fue contundente: "¿Por qué seguimos haciendo las mismas acciones esperando resultados diferentes?".
La Solución Propuesta por el Sector
En lugar de depender exclusivamente del catálogo electrónico actual, la propuesta de ACEDIM es:
Regular la figura de la Licitación: Para permitir evaluaciones técnicas más profundas.
Fortalecer la Atención Primaria: Para que menos personas lleguen a estados críticos (como la diálisis) que requieren insumos de alta complejidad.
Mesas Técnicas: Sentarse con el SERCOP y el Ministerio de Salud para actualizar los estudios de mercado con datos reales de importación.
Cristina Murgueito planteó una distinción fundamental: aunque la mayoría de los pacientes de diálisis son responsabilidad del Estado, la infraestructura que los mantiene con vida es mayoritariamente privada. Esta estructura crea una dependencia crítica que se ve golpeada de formas muy distintas.
Aquí te detallo las diferencias de impacto entre ambos sectores según la entrevista:
1. La Proporción de la Red de Atención
De los 136 centros de diálisis que existen en el país:
35 Centros Públicos: Pertenecen directamente al Ministerio de Salud Pública (MSP) o al IESS.
101 Centros Privados: Son centros externos que brindan el servicio al Estado mediante convenios.
El impacto: El Estado no tiene la capacidad física para atender a los 20,800 pacientes en sus propios hospitales. Si los 101 centros privados quiebran o dejan de recibir insumos, el sistema público colapsaría de inmediato porque no tiene dónde reubicar a esos miles de ciudadanos.
2. Capacidad de Maniobra y Compra
Centros Públicos: Se abastecen mediante compras centralizadas y el catálogo electrónico. Si el proceso falla o se declara desierto, el hospital simplemente se queda sin stock. El funcionario público no arriesga su patrimonio personal, pero el paciente se queda sin el filtro o la línea para su diálisis.
Centros Privados: Funcionan como empresas. Ellos deben comprar los insumos por adelantado para poder dar el servicio. Con la tasa del 50%, su costo operativo se dispara instantáneamente, pero el Estado les sigue pagando la misma tarifa de $1,450 (precio de 2014).
3. El Riesgo de "Proveedor Incumplido"
Hay un punto legal muy delicado que mencionó Murgueitio:
La trampa para el privado: Si un centro privado ya tiene un contrato adjudicado y no entrega el servicio (por falta de insumos), el Estado puede declararlo "proveedor incumplido". Esto los inhabilita para trabajar con el sector público por años, lo que básicamente significa el cierre de la empresa.
La asfixia: La industria está asumiendo el gasto del arancel del 50% "a pérdida" solo para evitar la sanción legal, pero advirtieron que esto tiene un límite de tiempo muy corto antes de que se queden sin flujo de caja totalmente.
4. La Imposibilidad de Auxilio Mutuo
Murgueitio aclaró algo vital sobre la logística:
No hay vasos comunicantes: Si el Estado decide hacer una "compra de emergencia" a otro país para salvar la situación, legalmente no puede entregarle esos insumos a un centro privado para que los use.
El nudo legal: Como el centro privado factura un "servicio integral" (que incluye el insumo), el Estado no puede simplemente "prestarle" los filtros. Por lo tanto, si el privado no puede importar por su cuenta debido al costo del arancel, el servicio se detiene aunque el Estado tenga bodegas llenas (lo cual no es el caso actual).
Conclusión del Escenario
El diagnóstico de Cristina es que el Estado está siendo su propio enemigo: al imponer una tasa que encarece el insumo al sector privado (que atiende al 75% de los centros), está destruyendo la red externa que le permite cumplir con su obligación constitucional de dar salud.
Cristina Murgueitio utilizó una comparación de cifras de mortalidad para poner en perspectiva la urgencia de la crisis sanitaria frente a la crisis de seguridad, argumentando que la "guerra" contra la enfermedad cobra tantas o más vidas que la violencia criminal.
Aquí están los datos específicos que mencionó para confrontar la narrativa oficial:
1. La Comparativa de Cifras (Anual)
Murgueitio respondió al argumento de que "el sector debe aguantar el 30% o 50% de la tasa" debido a la emergencia de seguridad nacional:
Muertes Violentas: Citó que el año anterior se registraron aproximadamente 14,000 muertes violentas (aunque en una parte mencionó 10,000, luego ajustó la escala de letalidad general).
Infartos Cardíacos: Señaló que hubo 14,000 fallecidos por infartos, una cifra que iguala o supera la crisis de seguridad ciudadana.
Enfermedades Nefrológicas (Riñones): Informó que alrededor de 4,500 pacientes fallecen cada año por complicaciones relacionadas con la falta de tratamiento adecuado o la progresión de su enfermedad renal.
2. El Argumento del "Sacrificio de Vidas"
La representante cuestionó la ética de la estrategia gubernamental:
Priorización errónea: Criticó que se pida "aguantar" costos que impiden el acceso a diálisis. Argumentó que si el tratamiento de diálisis se interrumpe, el nivel de toxinas en la sangre se eleva inmediatamente, provocando hinchazón, complicaciones críticas y, finalmente, la muerte.
Incremento de la mortalidad: Advirtió que la cifra de 4,500 muertes anuales por temas nefróticos podría incrementarse drásticamente si no se exceptúan los insumos médicos de la tasa del 50%, ya que el tratamiento no puede esperar a que se resuelvan las negociaciones diplomáticas con Colombia.
3. La Salud como un Derecho, no una Dádiva
Hizo hincapié en que los ciudadanos no están pidiendo favores:
Financiamiento ciudadano: Recordó que los pacientes que van al IESS o a hospitales públicos ya pagaron por su salud a través de sus aportaciones e impuestos (incluyendo el IVA).
Derecho a la certeza: Sostuvo que los 18 millones de ecuatorianos necesitan tener la "certeza" de que el sistema funcionará si llegan a enfrentar una enfermedad terminal, ya que menos del 1% del país tiene la capacidad económica para atenderse en el extranjero.
4. Crítica al Gasto Público
Murgueitio lanzó una pregunta retórica sobre el uso de los recursos:
Si el Estado gastó $5,600 millones en salud pública en 2023, y menos de $1,000 millones se destinaron a insumos y medicinas, ¿en qué se gastó el resto?
Su punto es que existe dinero suficiente para cubrir las deudas y los sobrecostos de la tasa, pero que hay una falla grave en la administración y ejecución de esos fondos.
Para cerrar este análisis, Cristina Murgueito trazó una hoja de ruta de máxima urgencia. El sector salud no puede esperar meses; su cronómetro está marcado por el inventario de insumos que se agota día a día.
Estos son los hitos que el sector espera que ocurran en el corto plazo:
1. Resultados de la Cumbre con Donald Trump
Aunque la reunión del sábado 7 de marzo es de carácter regional y centrada en seguridad, el sector empresarial ecuatoriano está pendiente de los pasillos de esa cumbre.
La expectativa: Que el presidente Noboa logre acuerdos de cooperación que permitan flexibilizar las medidas de presión fronteriza.
El escepticismo: Janet Hinostroza señaló un punto crítico: el presidente colombiano Gustavo Petro no fue invitado a dicha reunión, lo que complica que de allí salga una solución directa al conflicto binacional Ecuador-Colombia.
2. El Plazo de los "10 Días"
Murgueitio fue clara: el sector privado y los pacientes están en un compás de espera que no debería superar la próxima semana.
Gestión de la Cancillería: Se espera que la Canciller del Ecuador logre avances significativos en la negociación directa con su par colombiano para "retroceder" en la imposición de las tasas del 50%.
La urgencia: Si en 10 días no hay un anuncio de exoneración o retiro de la tasa, el desabastecimiento en los 101 centros privados empezará a ser crítico.
3. Instalación de Mesas Técnicas Público-Privadas
A pesar de haber conversado con el viceministro y asesores, la Vicepresidencia de la República (que lidera temas de salud) aún no ha concretado una mesa de trabajo formal con ACEDIM.
El pedido: Una reunión de alto nivel para diseñar una "hoja de ruta" que resuelva la sostenibilidad financiera del sistema.
Información entregada: El sector ya entregó la data técnica; ahora esperan la respuesta política para aplicar los mecanismos de compensación de deuda mencionados anteriormente.
4. Definición sobre la Exención de Salud
Si el Gobierno decide mantener la tasa de seguridad por razones políticas o estratégicas, el sector salud exige una excepción inmediata:
Que los insumos médicos, reactivos y dispositivos (especialmente los de diálisis y cardiología) sean retirados del listado de productos gravados con el 50%.
Argumentan que el impacto recaudatorio para el Estado es mínimo comparado con el costo social y humano de perder vidas.
Resumen del Escenario de Cierre
La entrevista concluye con una nota de esperanza cautelosa, pero con una advertencia severa: la logística internacional no entiende de retórica política. Si no se actúa en estos días, el sistema de salud enfrentará un cuello de botella que ni las "compras de emergencia" podrán solucionar a tiempo debido a la falta de stock mundial y la crisis de transporte desde Asia.
Referencia permanente en blog:
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